Una Sentencia Condena a la Inspección de Trabajo en Cantabria

Coordinación de Seguridad y Salud en obras de ampliación de hospital: sólo arquitectos técnicos y arquitectos

 

La Inspección de Trabajo debe requerir al promotor para que se designe a un técnico competente

 

 

El TSJ de Cantabria reitera la doctrina que obliga a la Inspección de Trabajo a requerir al promotor para que designe como coordinador de seguridad y salud a un arquitecto técnico o arquitecto, no siendo competente el ingeniero técnico de minas ya designado para realizar tal función en las obras de ampliación y reforma de un hospital, todo ello según una ya consolidada doctrina jurisprudencial.

 

El procedimiento fue iniciado a instancias del Colegio de la Arquitectura Técnica de Cantabria y concluyó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (nº 408/2017, de 22 de diciembre de 2017; Rº 164/2016), que se acompaña, la cual concluye con el siguiente fallo:

 

“(…) condenamos a la administración demandada a que por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se requiera y de traslado (a la promotora) de su obligación de designar como coordinador de seguridad y salud de la obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a un arquitecto técnico o arquitecto…”

 

La sentencia, remitiéndose a sus anteriores resoluciones de 11 de febrero de 2011 (Rº 483/2009) y 30 de junio de 2016 (Rº 90/2016) nos recuerda lo que ya en ésta última establecía:

 

“…es evidente que hay una relación estrecha entre los conocimientos necesarios para la eficaz realización de la coordinación en materia de seguridad y salud y los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad a la que se va a proyectar dicha coordinación.

Puede sostenerse que la eficaz protección que es el fin de la coordinación sobre dicha [sic] requiere de la interrelación de conocimientos científicos y técnicos relativos a la materia de seguridad y salud en el trabajo con los conocimientos sobre la actividad técnica de que se trate, pues esta interrelación es la que permite que los principios y reglas que rigen la materia de seguridad y salud en el trabajo se realicen eficazmente atendiendo a las necesidades concretas de la actividad. Esto dicho, resulta razonable concluir que, cuando como es el caso, se trata de la coordinación, desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo de una obra de construcción de una vivienda la efectividad de la protección de dichos bienes (que es, a la postre, el fin que debe guiar la solución de conflictos como el de referencia) requiere que el que realice la función de coordinación sea un arquitecto o arquitecto, en cuanto son titulaciones que incluyen, específicamente y en profundidad, conocimientos científicos y técnicos suficientes sobre construcción de viviendas.”

 

Asimismo, es de destacar que la sentencia, frente a la alegada infracción del principio de libre competencia (tantas veces esgrimida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en respuesta a las contumaces denuncias de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales), resuelve que en el asunto analizado

 

“…concurre un valor esencial cual es la seguridad y salud de los trabajadores en la realización de su trabajo, y exigir que la función de coordinación y control del cumplimiento de las normas que pretende garantiza ese valor (a su vez, derecho de los trabajadores), la realicen profesionales cuya titulación implique la preparación específica y profunda en el objeto del trabajo de que se trate (en este caso, la reforma y ampliación de un hospital), en modo alguno puede verse como un obstáculo injustificado a la libre competencia de los profesionales de una determinada titulación, sino, todo lo contrario, como una exigencia proporcionada al fin de la esencial garantía del referido derecho delos trabajadores.

(…)

Una cosa es la designación de la persona concreta que deba desempeñar la referida función, y otra bien distinta la titulación profesional que ha de tener. En lo primero, puede haber un margen de apreciación de la Administración, pero en lo segundo es una cuestión reglada por el Derecho, por las normas y principios que rigen el derecho a la salud y seguridad de los trabajadores (…)

 

Descargar la sentencia 408/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de diciembre de 2017.

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